DIPUTADOS BUSCAN, POR TERCERA VEZ, IMPONER TARIFA A LOS COBROS JUDICIALES.
EXPERTOS REITERAN RIESGOS DEL PLAN.
Tasas de interés más altas, cuotas más caras y hasta posibles roces con la Constitución Política,
Ese es parte del diagnóstico que hacen las voces expertas sobre el proyecto de Ley 23.379, que busca imponer una “tasa para la mejora en la eficiencia de la gestión de los procesos de cobro judicial”.
En términos sencillos, esto impondría una cuota para que los acreedores puedan llevar a los deudores a cobro judicial. La idea no es nueva. De hecho, en los últimos tres años ya se presentaron dos iniciativas similares que terminaron fracasando y ahora se suma un tercer plan, que llegó al Congreso la semana anterior.
La medida, sin embargo, tendría repercusiones significativas según las advertencias de los expertos.
El abogado constitucionalista Fabián Volio:
“En mi opinión es inconstitucional cobrar para acceder a la justicia, cobrar una especie de impuesto o tasa, porque se trata de un servicio público, desde ese punto de vista no debería cobrarse; por lo menos no es la solución correcta al problema del atraso en el cobro judicial y mucho menos atribuirles a los bancos un problema de saturación de los tribunales”, aseveró.
“Pareciera que es un ataque solo a un tipo de acreedor. Como atacar solo a los bancos, como si estuvieran cometiendo una falta contra la moral o contra las leyes o las buenas costumbres. Los bancos se limitan a prestar dinero y después tienen que recuperarlo si la persona o la empresa no paga”.
El economista Gerardo Corrales:
“Tirar todo el costo a los bancos. Estos lo van a traducir en tasas de interés más altas, con el margen de intermediación y lo terminarán pagando los usuarios”
Más allá de un plan que imponga un nuevo cobro, ambos expertos coinciden desde sus áreas en que lo más procedente sería modificar el sistema judicial de cobros.
Para el abogado, lo óptimo sería aprovechar otras figuras como los arbitrajes, dado que se que trata de acuerdos privados entre partes. Corrales advierte también que deberían hacerse modificaciones legales en cuanto al Derecho Tributario, pues éste fuerza a tener que judicializar los expedientes, por ejemplo, que se le permite a los bancos poder deducir del pago del impuesto de la renta aquellas cuentas que la SUGEF haya declarado incobrables.