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ACTUALIDAD

Para este período fiscal 2022, los obligados a realizar y presentar la declaración ordinaria del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) tienen tiempo hasta el 30 de abril.

Los obligados a declarar son todas las personas jurídicas, los fideicomisos privados, los administradores de recursos de terceros y organizaciones sin fines de lucro.

Los fideicomisos privados, nacionales o extranjeros que realicen actividades en el país, deberán solicitar su cédula jurídica ante el Registro Nacional, de previo a inscribirse en la herramienta de RTBF.

La declaración se realiza en el Banco Central de Costa Rica (BCRR), específicamente en la página www.centraldirecto.fi.cr, y para mayor facilidad la declaración estará disponible con la opción de “precargar”, por lo que, si no hay variaciones en los datos del documento anterior, se mantiene la información suministrada.
O bien, si se ha dado alguna variación, solo se deben realizar los cambios puntuales, firmar de manera digital y enviar la declaración.

Incumplir con esta obligación tiene una multa pecuniaria del 2% de los ingresos brutos que se hayan declarado por concepto del Impuesto a las utilidades en el 2021.

Aunque se establece un porcentaje, la sanción oscila de tres hasta 100 salarios base (¢462.200), por lo que las multas irían desde ¢1.386.000 y hasta ¢46.220.000. Por otro lado, el Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería, ni les inscribirá documentos a los deudores.

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales fue creado por la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (9.416), que rige desde el 30 de setiembre del 2016.

Su objetivo es obtener información que le permita a las autoridades de la Dirección General de Tributación (DGT) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) identificar quiénes son los accionistas y beneficiarios finales de las participaciones en una empresa, con el fin de detectar posibles estructuras para evadir el pago de impuestos y eventuales casos de legitimación de dinero provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico.

El sistema elaborado por el Banco Central procesa la información suministrada por los representantes de las personerías jurídicas de manera automática.

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