{"id":7402,"date":"2022-12-14T15:27:07","date_gmt":"2022-12-14T21:27:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.venegasnexia.com\/?p=7402"},"modified":"2022-12-14T23:38:01","modified_gmt":"2022-12-15T05:38:01","slug":"accion-de-inconstitucionalidad-a-rentas-de-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.venegasnexia.com\/es\/accion-de-inconstitucionalidad-a-rentas-de-capital\/","title":{"rendered":"Acci\u00f3n de inconstitucionalidad a rentas de capital"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Acci\u00f3n de inconstitucionalidad a la limitacion de deducir \u00fanicamente el 15% o 20% en rentas de capital.<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para quienes consideren abusivo la limitaci\u00f3n de deducir \u00fanicamente el 15% (alquileres) o 20% (fondos de inversi\u00f3n) como gastos en relaci\u00f3n a las ganancias de capital, les comentamos que hay una acci\u00f3n de inconstitucionalidad presentada desde marzo de este a\u00f1o, a la que podr\u00edan unirse (<a href=\"https:\/\/cijulenlinea.ucr.ac.cr\/portal\/descargar.php?q=NjA5\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">coadyuvancia sobre la acci\u00f3n<\/a>).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text]<div class=\"elegant-text-block\" style=\"font-family:Playfair Display;font-weight:400;font-style:normal;font-size:14px;line-height:1em;\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>EXPEDIENTE<\/strong>: 21-018059-0007-CO<br \/>\n<strong>PROCESO<\/strong>: ACCI\u00d3N DE INCONSTITUCIONALIDAD<br \/>\n<strong>ACCIONANTE<\/strong>: [Nombre 001]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/strong>. San Jos\u00e9, a las diecis\u00e9is horas trece minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se da curso a la acci\u00f3n de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre 001], en su condici\u00f3n de apoderado especial judicial de [Nombre 002], para que se declare inconstitucional el art\u00edculo 34 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta No. 18445-H, por estimarlo contrario a los art\u00edculos 9, 11, 28, 33, 49, 45, 46 y 121, inciso 13, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los principios constitucionales de reserva de ley, legalidad, interdicci\u00f3n de la arbitrariedad, capacidad econ\u00f3mica, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, principio de no confiscatoriedad y derecho a la propiedad privada. Se confiere audiencia por quince d\u00edas a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y al Ministro de Hacienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>La norma impugnada, establece, v\u00eda reglamento, una modificaci\u00f3n con respecto a la base del c\u00e1lculo del impuesto a las rentas de capital inmobiliario, al no contemplar la figura de los gastos deducibles e indicar que estos se limitan a dos deducciones \u00fanicas, de 15% o 20%. En este sentido, el art\u00edculo 34 determina, por encima de la ley, cu\u00e1les son los gastos que se pueden aplicar en el impuesto a las rentas de capital inmobiliario<\/em>.<\/strong> Esto es arbitrario, en tanto la Ley N\u00b0 7092 regula tanto la posibilidad de aplicar los gastos deducibles o las deducciones \u00fanicas. As\u00ed, la norma coloca al contribuyente en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, al darle solamente la posibilidad de aplicar deducciones fijas, sin tomar en consideraci\u00f3n su capacidad econ\u00f3mica, con el agravante de que, de no pagarlas, <em><strong>se expone a ser objeto de sanciones tributarias y cargas tributarias confiscatorias. <\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>El p\u00e1rrafo final del art\u00edculo 34, contiene elementos que no est\u00e1n establecidos en el art\u00edculo 29 de la Ley N\u00b0 7092. Por ejemplo, la ley no indica que las deducciones del 15% o del 20% sean los \u00fanicos importes que se pueden aplicar a la renta bruta.<\/strong><\/em> Tampoco indica nada sobre alguna restricci\u00f3n a los gastos deducibles, como expresa el 34 al disponer: \u201cni aplicar las dem\u00e1s normas sobre deducibilidad de gastos contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El art\u00edculo 34 modifica un elemento cuantitativo crucial del hecho generador del impuesto a las rentas de capital inmobiliario, al eliminar el concepto de gasto deducible y solamente menciona la palabra \u201cgasto\u201d, para luego hacer modificaciones a lo dispuesto en la ley. <em><strong>El determinar v\u00eda reglamento que solamente se pueden hacer ciertas deducciones, contradice la Ley N\u00b0 7092, en su art\u00edculo 29, que claramente expresa el concepto de \u201cgastos deducibles\u201d (inc. a, p\u00e1rrafo 4).<\/strong><\/em> Esto lesiona los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad. La norma reglamentaria no le permite a la empresa, aplicar los gastos deducibles que se produjeron durante el per\u00edodo fiscal; solo le queda la opci\u00f3n de aplicar el 15% del ingreso bruto como \u201cgasto\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ese hecho coloca a su representada, y a los contribuyentes del impuesto de rentas de capital en una situaci\u00f3n de desigualdad en relaci\u00f3n con a los contribuyentes del impuesto de utilidades quienes s\u00ed pueden aplicar los gastos deducibles del per\u00edodo correspondiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>La Administraci\u00f3n Tributaria, de manera arbitraria, le arrebat\u00f3 al contribuyente la libertad de poder elegir el gasto deducible estipulado en el inciso 1 del art\u00edculo 29 de la Ley 7092. Se aprecia claramente un abuso en la potestad reglamentaria que rompi\u00f3 el principio de reserva de ley.<\/strong><\/em> La norma impugnada, al remover los gastos deducibles expresados en la Ley, pone, en peligro la capacidad econ\u00f3mica de los contribuyentes, pues eleva su carga tributaria de forma arbitraria. Esto, por cuanto la empresa, en algunos per\u00edodos, puede tener gastos que, de poder ser deducidos, podr\u00edan superar el 15% impuesto por el Reglamento y aplicado por la Administraci\u00f3n Tributaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan el principio de razonabilidad, para que una norma o actuaci\u00f3n del Estado sea leg\u00edtima, la misma debe responder a una necesidad imperiosa, que en este caso es, llevar ingresos al Estado. La idoneidad de la norma o actuaci\u00f3n, responde a si la medida impugnada fue la mejor opci\u00f3n, y seg\u00fan lo expuesto en la jurisprudencia y lo expresado con respecto a la doctrina constitucional, la medida tomada no es la mejor, pues el Reglamento no tiene la potestad de cambiar la base imponible, al eliminar el concepto de gasto deducible e imponer otros gastos que son facultativos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esto significa que la medida contenida en el art\u00edculo 34 del Reglamento, es desproporcional hacia los contribuyentes del impuesto a las rentas de capital inmobiliario, convirti\u00e9ndose el tributo en confiscatorio al aumentar, sin alternativa, su carga tributaria.<em><strong> Finalmente, el principio de no confiscatoriedad y respeto a la propiedad privada est\u00e1n contemplados en art\u00edculos 40 y 45 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica e disponen que no puede haber cargas impositivas tan fuertes que destruyan la capacidad econ\u00f3mica de los contribuyentes.<\/strong> <\/em>Sin embargo, esto es lo que ocurre cuando se aplica la norma cuestionada, que obliga al contribuyente a pagar un monto que puede sobrepasar su capacidad econ\u00f3mica, sin alternativa, lo cual pone en riesgo su haber.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esto contraviene la premisa b\u00e1sica del Derecho Tributario que postula que su fin \u00faltimo no es pagar tributos, sino pagar lo que corresponde seg\u00fan la capacidad econ\u00f3mica de cada uno para el beneficio del pa\u00eds. Esta acci\u00f3n se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Constitucional en sus art\u00edculos 73 a 79. La legitimaci\u00f3n del accionante proviene del art\u00edculo 75, p\u00e1rrafo 1\u00b0 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Constitucional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>El asunto previo es un proceso ordinario que se tramita en el expediente No. 21-000342-1027-CA, en el cual se discute la aplicaci\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n Tributaria, del art\u00edculo 34 del Reglamento al Impuesto sobre la Renta, No. 18445-H.<\/em><\/strong> En dicho proceso se invoc\u00f3 la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se estima lesionado.<\/p>\n<p><\/div>[vc_cta add_button=\u00bbbottom\u00bb btn_style=\u00bbcustom\u00bb btn_custom_background=\u00bb#00b2a9&#8243; btn_custom_text=\u00bb#ffffff\u00bb btn_align=\u00bbcenter\u00bb btn_i_align=\u00bbright\u00bb btn_i_icon_fontawesome=\u00bbfas fa-info-circle\u00bb btn_add_icon=\u00bbtrue\u00bb h2=\u00bbVenegas y Colegiados, Contadores P\u00fablicos Autorizados, somos 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