El objetivo es proteger a los contribuyentes que se pongan al día, evitando que aparezcan como morosos por un lapso sin actualización.

La decisión se fundamenta en el art. 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el art. 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permiten dictar medidas urgentes en casos de riesgo.