El Ministerio de Hacienda busca reformar la Constitución para permitir que el endeudamiento externo del Gobierno no requiera la aprobación de los diputados, argumentando que esto permitiría aprovechar mejores condiciones financieras.
La reforma propuesta modificaría el artículo 121 de la Constitución para trasladar la decisión de la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario y de la emisión de títulos en el mercado internacional a la discusión del presupuesto de la República. Actualmente figura como una obligación de la Asamblea Legislativa.
Los diputados se oponen, argumentando que el control legislativo evita crisis como la de 1980, causada por un endeudamiento excesivo.
En 2023, la deuda costarricense creció un 7,33 porciento, un ritmo considerablemente mayor al crecimiento económico, lo que se considera peligroso para la economía.